lunes, 27 de marzo de 2017

¿Apus, caciques o curacas?

Marc Dourojeanni[1]

Actualidad Ambiental, SPDA, Lima/ Lunes 2 de Enero, 2017

Unos meses atrás, escuchando las noticias, sentí el impulso de escribir una nota criticando el uso y abuso del término “apu” para designar a los líderes indígenas amazónicos. Mi intuito era recordar que ese es un término andino dedicado a las montañas sagradas y, solo muy eventualmente, para dignatarios importantes, mitificados y que, por lo tanto, aplicarlo a los muy terrenales líderes comunitarios de la selva era un tanto absurdo. Felizmente, antes de lanzarlo, se me ocurrió consultarlo con algunos amigos y el resultado fue muy interesante y enriquecedor.

Mis supuestos

Hasta hace un par de décadas quien escribe nunca había escuchado usar el término apu para nombrar a los líderes nativos amazónicos. Por entonces se les conocía como caciques o curacas. El registro del uso del tratamiento de apu para reconocer líderes se remontaría a épocas prehispánicas y, en todo caso, era exclusivo de las regiones andinas.

De hecho, hasta donde se sabe, las relaciones entre los indígenas amazónicos y los pueblos andinos prehispánicos -y en realidad hasta la actualidad- no fueron particularmente cordiales. El término chuncho no fue inventado por los colonizadores españoles ni por los criollos dominantes. Era el término despectivo que se usaba en la sierra incaica para hablar de los silvícolas[1]. Se le usó profusamente hasta los años 1970, cuando gracias a la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (Decreto Ley N0 20653 de 1974) y a una generación de antropólogos especializados en cuestiones amazónicas[2], comenzó a ser repudiado y sustituido por los genéricos “nativo” o “indígena”. Pero, sin duda, subsiste.

Cada grupo indígena amazónico tiene su propio término para denominar a sus líderes o jefes. Pero los términos cacique (introducido por los españoles) o curaca eran aplicados para definir líderes comunales tanto en la sierra como, en especial, en la selva.
Ese origen foráneo debe ser la razón por la que el término cacique, que era más común, fue sustituido por el de apu, en especial en la selva norte y en los grupos achuar, que además son influenciados por lo que pasa en el Ecuador. Pero también es posible que las incursiones incaicas en la Amazonía hubiesen sembrado una cierta versión del concepto de apu ya desde entonces. De otra parte, como bien se sabe, en la sierra hasta hoy se respeta y deifica a los apus y se les brindan ofrendas. Pero, los líderes comunales serranos no son llamados apus.

Hasta allí llegué cuando me decidí a enviar el borrador a mis amigos Alberto Chirif (antropólogo, con larga experiencia especialmente en la selva norte), Carlos Mora (antropólogo muy conocido), Federico Kauffmann (arqueólogo famoso y con amplia experiencia especialmente en las culturas prehispánicas del noreste peruano) y Pablo Dourojeanni (mi hijo, geógrafo, actualmente trabajando en la selva norte). Lo que sigue es una adaptación liberal y de mi total y única responsabilidad de lo que esos especialistas me dijeron.

Lo que dijo Alberto Chirif

La palabra apu para designar a líderes notables de las comunidades amazónicas del norte es bastante más antigua que 20 años. La escuchó cuando visitó por primera vez el Alto Marañón en 1968, como estudiante de antropología de San Marcos. Los aguaruna o awajún ya usaban el término. Años más tarde lo escuchó también entre los achuares del Pastaza y Corrientes.

La separación entre Andes y Amazonía, y costa, por cierto, es más el producto de una didáctica simplificadora, usada en los colegios para enseñar Historia, Geografía y otras materias. Estudios como los de Thomas Myers hablan sobre la articulación de Andes y Amazonía[3]. Un equipo francés del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) está trabajando también el tema. Hoy existen evidencias de que el lugar de origen de los jíbaro fue la costa. Richard Chase Smith[4] ha realizado un hermoso trabajo con los yanesha, que señalan que sus ancestros provienen de las islas costeras situadas al frente de Lima.

Por otro lado, no hay que olvidar que el quechua tiene una presencia fuerte en la Amazonía. De hecho es la lengua que más ha influido en la construcción del castellano amazónico, seguida del tupí. Asimismo, existen cuencas en las cuales hay notable presencia del quechua: Pastaza y Corrientes, donde también hay población achuar; y Napo y Putumayo, en las cuales los quechuahablantes comparten territorios con pueblos de otras identidades y lenguas. Finalmente están las provincias de Lamas y Tabalosos como zonas de presencia de la lengua quechua. La expansión de esta lengua se produjo tanto por procesos de migración como también por estrategia de los jesuitas que intentaron convertirla en lengua franca, tal como hicieron con el guaraní en el sur del continente. Aunque su éxito no fue total, sí lograron difundirla.

Lo que sí es verdad es que en los años recientes, a raíz de históricos sucesos, como el levantamiento de los achuares del Corrientes en 2006 en protesta por la contaminación causada por la explotación petrolera, que dio origen al Acta de Dorissa[5]; o trágicos acontecimientos como los de la “Curva del Diablo”, cerca de Bagua en protesta por los abusivos e inconstitucionales decretos de Alan García, los líderes de esas zonas, conocidos con el nombre de apus, tuvieron influencia mediática y, sin quererlo, su denominación fue tomada y expandida de manera arbitraria por la prensa hacia otras sociedades que efectivamente no usaban el término, como los asháninkas.

Lo peor, sin embargo, es que hoy el término designa de manera generalizada a cualquier persona de una comunidad que se erige como líder sin alcanzar la talla para ser un auténtico apu.

Pablo Dourojeanni, quien desde hace dos años trabaja en el corazón del territorio awajun wampis, en Condorcanqui, consultó personalmente a sus colegas indígenas quienes le manifestaron que no saben desde cuándo usan el término apu, pero que ellos lo escucharon desde siempre. Sin embargo también le informaron que sus abuelos usaban otros términos para designar a los líderes. Estos eran pamuk (que equivaldría al uso actual de apu) y wesam (o viceapu).

Lo que respondió Carlos Mora

Los diferentes pueblos indígenas tenían sus propias denominaciones para sus líderes locales. Por ejemplo en el caso de los asháninka existieron líderes locales denominados pinkatsari que según señala Enrique Rojas[6], permitían la existencia de la vida social en torno del grupo residencial, en tanto que el chamán aseguraba la continuidad de dicha vida social por el equilibrio que es mantenido con las fuerzas dañinas que amenazan el grupo residencial. El chamán tenía, por decirlo de alguna forma, la mayor jerarquía. También a decir de Rojas existía el owayeri, reconocido por sus destrezas en las expediciones armadas.

Añadió que con la mencionada primera Ley de Comunidades Nativas se generalizó el término de jefe o presidente de la comunidad y que, luego de la adopción de la estructura administrativa, se incorporó también al secretario, tesorero y vocales comunales. Los cambios provienen sin duda del proceso de nuclearización de la población en comunidades o centros poblados. Con anterioridad a este reciente fenómeno (mediados del siglo pasado) la dispersión de la población en núcleos familiares no requirió denominaciones como las que comentamos.

Claro está que el temprano proceso de evangelización y la constitución de reducciones o aldeas que congregaron a la población indígena obligaron al uso de determinados términos para señalar a quienes los evangelizadores asignaron responsabilidades, denominándolos en algunos casos como curacas, tal como se usaba en los Andes.

Las actuales “autoridades” locales obedecen sin duda a los cambios sociopolíticos producidos por acción del Estado y de diferentes denominaciones religiosas, siendo sus responsabilidades principales las de concertar con los agentes económicos, sociales y administrativos externos al grupo social denominado comunidad.

Lo que opinó Federico Kauffmann

Es verdad que la palabra apus se aplica a determinados cerros en los que se considera se personifica la divinidad de mayor jerarquía del pasado ancestral. Eso ocurre principalmente en los Andes del sur, donde aún laten con fuerza las tradiciones milenarias. No es el sol la divinidad a la que me refiero sino una especie de “Dios del Agua”, de carácter demoníaco, supremo gobernante de los vaivenes climáticos que castigaba de no ofrecérsele dádivas y hasta sacrificios, prorrumpiendo con sequías, con lluvias torrenciales, granizadas y friajes que, por igual afectaban la producción de los alimentos y hacían que asomara el fantasma del hambre[7].

También es cierto que la palabra apu del quechua se ha extendido tan solo en los últimos 40-50 años para nombrar a líderes amazónicos. Esto en parte debido a la población serrana inmigrante. La palabra cacique (voz antillana) y, especialmente, curaca (quechua) por igual debieron ser introducidas por misioneros y cordilleranos durante los siglos XVI y XVII.

Pero la palabra apu, desde tiempos anteriores a la presencia europea también tuvo el significado de poderoso (acaso emulando el poder). Por lo menos hay documentación del empleo de esta palabra en tiempos del Tahuantinsuyo (que prefiero designar con el nombre de Incario). Entre los Chachapoyas había un tal apu Chuquimis a quien Huayna Cápac había designado como jefe de un territorio importante de los Chachapoyas. Se refiere que urdió un plan para envenenar a Huayna Cápac, su protector, pero que fue denunciado. Al enterarse de ello, el general Colla Topa iracundo fue en su persecución hasta Chachapoyas.

Algo novelesco: documentación publicada por Waldemar Espinoza Soriano[8] comenta que al saber que Colla Topa se aproximaba, Apu Chuquimis falleció de susto. Colla Topa “siendo ya muerto Apu Chuquimis, mandó sacar los huesos del peñasco donde estaban -donde antiguamente ponían las sepulturas por más honra- y los mandó enterrar”. De esta manera el castigo post mortem fue duro ya que de no conservarse el cadáver, la vida en ultratumba cesaba[9].

Estoy de acuerdo que las relaciones entre indígenas amazónicos y andinos no fueron particularmente cordiales y considero que esto se debe al desbalance cultural[10]. En regiones norteñas de la Amazonía los calificados de “chunchos” se vengan denominando “shishacos” a los serranos.

En conclusión

De una parte quedé satisfecho de ver que no andaba totalmente equivocado en muchas de mis consideraciones iniciales. Pero estas fueron considerablemente enriquecidas con los aportes de las personalidades consultadas. El uso de la palabra apu para designar a los líderes indígenas amazónicos hasta puede ser genuino en los pueblos de la selva norte pero es ajeno y totalmente inadecuado en el resto de la Amazonía. De cualquier forma es una deformación de su sentido original que está siendo promovida por la ignorancia y por la prensa.

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[1] Ver, por ejemplo, Kauffmann D., F.  2016  Antagonismo étnico ancestral Incas y Amazónicos (file:///C:/Users/n%20n/Documents/Oct%20nov%202016/INCAS%20Y%20AMAZÓNICOS_mod.%2010.02.14_opt%20(2).pdf).
[2] Stefano Varese, Alberto Chirif, Carlos Mora, Marcel d´Ans, etc.
[3] Myers, T.  1974 Spanish Contacts and Social Change on the Ucayali River, Peru (https://www.jstor.org/stable/480948?seq=1#page_scan_tab_contents)
[4] Smith, R. Ch. 1974  The Amuesha People of Central Peru (https://www.amazon.com/Amuesha-People-Central-Peru/dp/B001CK1W6S)
[5] Firmado el 13  de octubre de 2006 este acuerdo, entre otros logros, consiguió que Pluspetrol se comprometa a reinyectar el 100% de las aguas de producción, uno de los principales causantes de la contaminación.
[7] Ver Kauffmann D., F. 1995 Gestación y Rostro de la Civilización Andina  Universidad de Lima (https://1drv.ms/b/s!Am8m1at4Yas5gjkKteKeS4s9x8nK)
[9] Kauffmann D., F.  1998 Ultratumba entre los antiguos peruanos   Academia Peruana de la Lengua  (https://1drv.ms/b/s!Am8m1at4Yas5hFyUuYkvSUjmUbVU)
[10] Kauffmann D., F.  2016 Incas y Amazónicos https://1drv.ms/b/s!Am8m1at4Yas5iGbhpMqHD3rHP4I4) .





[1] Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina

Santuarios históricos, Qué son? Para qué sirven?

Marc Dourojeanni

Actualidad Ambiental, SPDA, Lima / Viernes 13 de Enero, 2017
http://www.actualidadambiental.pe/?p=42584


En el Perú existen cuatro santuarios históricos. El más conocido es, obviamente, Machu Picchu, establecido en 1981. Veinte años después, en 2001, fue establecido el del Bosque de Pómac, que también ha recibido interés público. Pero pocos saben que en 1974 fue creado el primer santuario histórico peruano en las Pampas de Junín, bajo el nombre de Chacamarca y que en 1980 también fue creado el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. Como es obvio, esos dos santuarios se refieren a los lugares en que se libraron las dos grandes batallas que sellaron la independencia del Perú. Machu Picchu y Pómac están razonablemente bien cuidados pero la situación del Santuario de Junín y especialmente del de Ayacucho es lamentable, este último convertido en sucio mercadillo popular en lugar de ser un lugar de respetuosa atención.

¿Qué son y de dónde vienen los santuarios históricos?

Los santuarios -o monumentos- históricos existen desde hace mucho tiempo en los más diversos países. Establecerlos ya era una opción como parte de los compromisos asumidos por el Perú en 1947, cuando pasó a tener vigencia en el país  la “Convención para la protección de la flora, de la fauna, y de la bellezas escénicas naturales de los países de América”, aprobada en 1942 por la Unión Panamericana (OEA). En efecto, el artículo I, parágrafo 3, de esa Convención establece, entre los motivos para crear monumentos nacionales, los sitios de interés histórico[i]. Pero, como bien se sabe, la nación esperó hasta la década de 1960 y especialmente la de 1970 para comenzar a aplicar los conceptos de esa Convención.

La función de esos monumentos o santuarios era y es conservar en su estado original y de forma intangible, tal como era cuando los hechos acontecieron, el escenario o los paisajes de los acontecimientos históricos importantes, o los que rodean a los monumentos arqueológicos o históricos. Para entender la importancia de eso baste imaginar Machu Picchu sin los grandiosos paisajes montañosos y boscosos que lo rodean o en el campo de las batallas de Waterloo, en Bélgica o de Gettysburg, en EE.UU., cubiertas por una urbanización o por industrias. Por eso es que esos tres lugares, entre muchísimos más en el mundo, están protegidos como santuarios.

Aunque la legislación forestal de 1963 (Ley 14552) solo incluyó la categoría de parque nacional, el escenario de la batalla de Junín fue establecido ya en 1974 como Santuario Patriótico Nacional de Chacamarca[ii].  Por entonces ya estaba en preparación una nueva ley forestal donde se describirían específicamente los santuarios históricos. En efecto, en el artículo 19 de la nueva legislación forestal de  (Ley 21147) se define el término santuario histórico y se le incorpora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas: “Se denomina Santuarios Históricos, las áreas destinadas a proteger, con carácter intangible, los escenarios naturales en que se desarrollaron acontecimientos gloriosos de la historia nacional”. El carácter de esta definición fue mantenida en las demás leyes forestales hasta la aprobación de la ley del sistema de áreas naturales protegidas (Ley 26834) en el año 2000.

Esa legislación específica perfeccionó la definición de santuario histórico: “Áreas que protegen con carácter intangible espacios que contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno de sitios de especial significación nacional, por contener muestras del patrimonio monumental y arqueológico o por ser lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país”. Y, de paso, alteró un poco su sentido original al mencionar “valores naturales relevantes”.

Al establecer los santuarios que son escenarios de sucesos históricos, como en el caso de Chacamarca, se deben llevar en cuenta los documentos y registros que indican el ámbito que permite conservar todo, o lo esencial, del escenario del acontecimiento, en este caso de la batalla, es decir los espacios donde los ejércitos se posicionaron y maniobraron durante el combate. Por eso, Chacamarca requirió 2.500 ha. Su carácter intangible no se refiere a la naturaleza sino al estado en que estaba en la época.

El caso de Machu Picchu, en que el objetivo es conservar el paisaje natural, resultó complicado por ser necesario concertar las responsabilidades de sectores públicos e intereses diferentes y, por eso, fue necesario casi una década para conseguir su aprobación. En ese caso, el carácter natural del área circundante al sector arqueológico es evidente y justificaba por sí sólo la protección.

El caso del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Este Santuario[iii], también conocido como Pampa de la Quinua, fue establecido en apenas 300 ha, espacio que probablemente no comporta todo el lugar en que realmente se desarrollaron las acciones y, a diferencia del de Junín, se encuentra  a apenas 37 km de la capital del Departamento de Ayacucho, la muy visitada Huamanga. También, el decreto que lo crea tiene algunas particularidades como la mención, en los considerandos, al mantenimiento de las “manifestaciones culturales  y artesanales de las poblaciones aledañas  y al estímulo del turismo” así, como la decisión específica, en su parte resolutiva,  de que las comunidades campesinas y las empresas campesinas así como las personas naturales asentadas sigan realizando actividades agropecuarias tradicionales aunque quedan obligados a acatar las normas que imparta la autoridad responsable. A priori, aunque en confrontación con la noción de intangibilidad, las actividades agropecuarias no interfieren ya que las mismas existían en la época de la batalla de Ayacucho.

Como hemos visto, por su propio decreto de establecimiento, el Santuario debe contribuir a la economía de la población local. Y eso está en línea con una de las finalidades de las áreas protegidas. Pero, lo que es evidente es que se ha perdido el control del uso del sitio y que, con eso, se desvirtúa y desvaloriza el carácter patriótico y educativo que el lugar merece y, peor, se espanta la demanda turística por las manifestaciones artesanales y culturales que puedan ser allí ofrecidas. Ese problema no es nuevo y se reproduce en muchos otros lugares que también deberían ser más respetados, pero debe ser debidamente encausado para evitar “matar la gallina de los huevos de oro”, como ya está ocurriendo.Los artesanos y comerciantes no obedecen reglas posiblemente porque no se sienten conminados a obedecerlas, o nunca les fueron ofrecidas alternativas o soluciones atractivas y, seguramente también porque las autoridades competentes no toman medidas adecuadas. La autoridad, en este caso, no es solamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) aunque así lo dispone la ley, sino que intervienen esporádica y desordenadamente la Municipalidad, que indebidamente cobra ingresos sin hacer nada y, a veces el Gobierno Regional. Además, el Sernanp no tiene los medios para negociar acuerdos con los usuarios y ofrecer, por ejemplo, una buena infraestructura de venta, que resuelva el caos imperante.

Cuidar del Santuario de la Pampa de Ayacucho es, claro, obligación primera del Sernanp pero en eso debe estar acompañado de otras autoridades. En primer lugar por el Gobierno Regional y asimismo por el sector turismo, tanto público como privado y, no menos importante, debe contar con el apoyo del Ejército del Perú pues, el lugar habla de su historia y de sus glorias. Todos deben reunir esfuerzos para proponer la inversión que resuelva el desorden reinante, garanta la preservación del lugar, ofrezca mejores oportunidades de desarrollo a la población local y que deje a todos orgullosos.

¿Por qué no hay más santuarios históricos?

Considerando el extraordinario patrimonio cultural e histórico del Perú resulta inaudito que no existan más santuarios históricos, especialmente los que como Machu Picchu o el Bosque de Pómac, mantienen el entorno de los grandes vestigios arqueológicos, a los que complementan y contribuyen a cuidar mejor. Por el contrario, se observa por doquier cómo el concreto va cercando esos restos, asfixiándolos y eliminado hasta la posibilidad de verlos en perspectiva. ¿Qué eso es obligación del Instituto Nacional de Cultura? Puede ser, pero en realidad escapa a su sector y especialidad lo que recae, más bien, en el Sernanp.


El autor recuerda mucho una conversación al respecto con la Dra. Ruth Shady[1], mientras visitaba el sitio de Caral, en compañía de Carlos Ponce[2] y de Josefina Takahashi[3]. Por un lado, el avance de las granjas sobre el desierto, al que además llenan de plástico y de moscas y, por el otro, el de las construcciones y otras obras por el valle, ya comenzaban a asfixiar Caral. Fue consenso que una buena opción sería, precisamente, establecer un cinturón de protección usando la categoría de santuario histórico. Pero hoy lo mismo sería altamente deseable para proteger los aún espectaculares paisajes del entorno de la fortaleza de Kuélap, que por ese motivo ya algunos denominan “la nueva Machu Picchu”. No se trata en esos casos, en que el entorno ya está muy antropizado de congelarlo o de mantenerlo intocado. Se trata apenas de evitar que en ese paisaje se cometan tropelías irremediables, como explotación de canteras o minas a tajo abierto y que se aproveche mejor su potencial turístico, educativo y recreativo.

Pero esos son solo ejemplos. Hay docenas de lugares valiosos del patrimonio cultural, arqueológico e histórico peruano que podrían beneficiarse de esa complementariedad.  Desarrollarlos requiere de una virtud escasa en el Perú: la capacidad de colaborar plenamente, sin egoísmos, entre personas e instituciones y sectores, con  el propósito único de construir un país mejor.  Pero sí se puede.

 [1] Arqueóloga famosa, estudiosa y tenaz protectora de los restos de la cultura Caral.
[2] Conservacionista muy conocido, fallecido en 2007.
[3] Fue Presidente del INRENA y actualmente es Rectora de la Universidad Científica del Sur.
[i] http://www.ecolex.org/details/treaty/convention-on-nature-protection-and-wild-life-preservation-in-the-western-hemisphere-tre-000085/
[ii] Decreto Supremo No 0750-74-AG de 7 de agosto de 1974.
[iii] Creado por Decreto Supremo No 119-80-AA de 14 de agosto de 1980


Cuando un disparo es apropiado
Marc J. Dourojeanni


Cazawonke Internacional, 16 Octubre 2014

En 2012 y 2013 se divulgaron noticias con respecto a la caza de animales salvajes por personajes famosos. Las más comentadas fueron la del Rey de España, que fue a cazar elefantes a Botswana y el del actor Ronald Lee Ermey, que cazó una leona en Sudáfrica. Más recientemente, el alboroto fue causado por la subasta del derecho de cazar dos rinocerontes negros en Namibia.

En los tres casos, amplios sectores del ambientalismo radical protestaron por la ‘atrocidad’ cometida –o pretendida– y, en el caso del Rey, hasta fue exigida su renuncia a la presidencia honoraria del World Wildlife Fund español. Estas noticias repercutieron en Brasil, donde la caza está prohibida en la práctica, bajo la misma óptica de desaprobación. En este artículo se analizan los hechos desde otro ángulo.

La caza que es beneficiosa

En primer lugar, conviene recordar que la caza deportiva y otras formas de caza no sólo son perfectamente legítimas, sino que incluso reciben apoyo técnico y financiero de los gobiernos de la mayoría de los países desarrollados en el mundo, a través de instituciones públicas respetadas y eficaces. La lista de países en los que la gestión de la vida silvestre se encuentra más desarrollada incluye, obviamente, a EE UU y Canadá, la mayor parte de Europa, Rusia y todos los países de la antigua Unión Soviética. Pero la caza también está permitida en la mayoría de países de otros continentes, y dígase de paso también, por cierto, en América Latina. El caso de Brasil, donde la caza, con la excepción relativa de la Amazonía, está prácticamente prohibida, es bastante peculiar, en particular teniendo en cuenta el tamaño colosal de su territorio.

Existen muchas razones para que la caza sea permitida e incluso fomentada oficialmente en pleno siglo XXI. Una de ellas, muy importante, es la reducción de los hábitats naturales de muchas especies, lo que provoca el hacinamiento o sobrepoblación que, si no se controla, provoca catástrofes poblacionales –hambre, enfermedades, parásitos– para la especie y, asimismo, eventuales daños a la sociedad. Uno de los casos más conocidos es la superpoblación de elefantes en algunos parques nacionales, como el Kruger de Sudáfrica. Pero este problema se produce incluso fuera de las áreas protegidas, aun en áreas extensas. Por otro lado, la población animal que crece por encima de la capacidad de carga del medio natural avanza hacia aquellos que son antropogénicos, causando daños. Bien conocidos son los casos de los elefantes que destruyen cultivos en África y Asia o los leones y los tigres que atacan a la gente, respectivamente, en los dos continentes. En Brasil el caso más conocido es el de los jaguares depredando el ganado.

La caza es también necesaria y permitida en todos los grandes espacios naturales que quedan en el planeta, como los bosques y planicies frías de Canadá, Alaska y el norte de Rusia y en las selvas tropicales de cualquier continente. En estos casos, es ecológicamente necesaria para limitar el crecimiento desproporcionado de la población de algunas especies, lo que afecta la sobrevivencia de otras, o se justifica económicamente para la supervivencia de las poblaciones locales, tomando la forma de caza para la alimentación o, en muchos casos, la caza comercial, aunque eso no excluye la caza deportiva.

Sólo en la Amazonia brasileña se puede afirmar que los agricultores, indígenas, caucheros y madereros matan diariamente miles de animales grandes como sajinos, huanganas, tapires y venados, o pequeños como armadillos, majaces, añujes y tortugas sin que esto sea noticia y sin que ello sea motivo de extinción de especies. La caza también es necesaria para controlar las especies invasoras, como la población de jabalíes en Argentina y Brasil –el único caso en el que la caza está expresamente autorizada en Brasil– y, entre cientos de otros ejemplos, también se practica en Nueva Zelanda para controlar ciervos exóticos.

La caza, actividad económica

La caza es una actividad económica como cualquier otra. Y es importante. Sólo la caza deportiva (uno de los rubros económicos de la caza) fue practicada por 13,7 millones de estadounidenses en el año 2011, que gastaron 43.000 millones dólares para practicarla. Alrededor del 85% de ellos cazaban animales grandes. Aunque el número de pescadores deportivos es mucho mayor, éstos gastan menos y, por lo tanto, la caza explica casi el 50% del gasto en actividades relacionadas con la vida silvestre. Por cada cien dólares del PIB de EE UU, uno procede de la caza y pesca deportiva.
Estadísticas como ésta existen para todos los países que practican la gestión de la fauna y alcanzarían sumas mucho más elevadas si se tomase en cuenta la caza comercial y se considerase el valor de la caza de subsistencia, calculado en función de la proteína si ésta hubiese sido producida por la ganadería.

La gestión de la vida silvestre con fines comerciales, como en el caso de la vicuña en los Andes del Perú, es una actividad mucho más rentable que la ganadería en las mismas punas frías y áridas y cuyos pastos se encuentran degradados por el pastoreo abusivo y la quema. Esto fue demostrado y aplicado por las comunidades locales, con excelentes resultados económicos para ellos.
Es importante destacar que todo esto se hace sin poner en peligro la especie. Muchas personas creen que la caza es la principal causa de la extinción de la vida silvestre. Pero la evidencia muestra que éste no es el caso cuando la caza es el resultado de planes de manejo bien hechos y aplicados correctamente.

Por otra parte, en las condiciones actuales, la caza es un instrumento esencial para mantener la salud de las poblaciones silvestres. De hecho, la principal causa de extinción de especies es la destrucción de los ecosistemas en los que viven debido a la expansión de las actividades agropecuarias.

¿Cuál es el problema?

El problema surge cuando la caza es ilegal, esto es, cuando no se cumple con las normas que, a su vez, se derivan de la aplicación de planes de manejo de vida silvestre. Estos planes pueden ser tan simples y eficaces como aquellos que los indígenas del Amazonas aplican tradicionalmente o tan complejos y eficientes como los desarrollados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (Fish and Wildlife Service) y diversas agencias federales y estatales de los EE UU.
Por el contrario, la caza furtiva, en particular con fines comerciales de especies raras y valiosas, tiene un impacto devastador y, sin duda, puede dar lugar a la extinción. Tal es el caso de los rinocerontes perseguidos por el supuesto efecto afrodisíaco de su ‘cuerno’ o los elefantes sacrificados por sus colmillos de marfil.

Es también el caso de muchos otros animales de la sabana africana que se matan para vender su carne en los mercados populares. Aún peor es el comportamiento de las hordas de guerrilleros y soldados africanos que masacran animales silvestres, sin control, utilizando armamento militar.
La caza deportiva puede producir, con el tiempo, el mismo efecto cuando se realiza sin control y elige animales particularmente raros en la naturaleza. Por las fuerzas del mercado, la rareza del animal aumenta su valor para los cazadores aficionados, que pueden gastar fortunas para conseguir un trofeo que puedan exhibir Este tipo de caza debe ser supervisado estrechamente.

La caza ilegal o furtiva es un problema en todos los países, incluso en los más desarrollados. Pero alcanza su máxima expresión en los países menos desarrollados, donde el Estado no tiene capacidad de gestión ni de control. Por desgracia, cuando se trata de la caza, la imagen más frecuente en el público es la de esa caza ilegal, que es muy perjudicial y debe ser prohibida.

El público a menudo no sabe diferenciar entre la muy difundida información de la matanza de los rinocerontes en el noreste de Sudáfrica, practicada por los bandidos procedentes de la vecina Mozambique, y el control de la población de elefantes realizado por personal capacitado en los parques nacionales de ese país. Y, en general, transfiere su visión negativa de todas las formas de caza, inclusive las cuidadosamente planeadas y ejecutadas, como en el caso de EEUU.

Aún peor es cuando un país, como Brasil, cierra casi todas las posibilidades de manejo de vida silvestre dejando sólo la caza ilegal y sin control posible. Por ejemplo, es evidente que la muy bien estudiada población de jaguares en el Pantanal, artificialmente elevada por la presencia de ganado, permitiría que un aficionado a la caza la practique de forma regulada en base a la información científica, que ofrecería un retorno económico suficiente para compensar la pérdida que sufren los ganaderos. Esto se obtendría sin perjudicar a las propietarios de las haciendas en las que se aprovechan de los jaguares para los safaris fotográficos, en las cuales, obviamente, no serían cazados. Como los propietarios que no dedican el ecoturismo no puede ‘vender’ la caza de jaguares, simplemente buscan eliminarlos, a menudo usando venenos.

En cambio, en Argentina se permite la caza deportiva de pumas, dando origen a una actividad económica lucrativa mediante la cual la supervivencia de estos felinos está asegurada, ya que de la misma manera que un ganadero necesita mantener su plantel de reproductores para asegurar la cría, ellos también evitan cazar más pumas de los que reproducen, para mantener el negocio en funcionamiento.

Esto es, simplemente, el manejo o gestión de la vida silvestre, de la misma manera que la ganadería es la gestión de los animales domésticos.

Las cacerías de los famosos

Obviamente, el rey de un país desarrollado como España, donde, dígase de paso, la caza es legal, no se debería exponer cazando, y mucho menos cazando elefantes a un costo exorbitante estando su país en medio de una severa crisis y acompañado de una señora que no es su esposa. Pero, fuera de eso, Bostwana y los otros dos países africanos mencionados al principio son los que mejor manejan su fauna y mejor conservan su patrimonio natural en ese continente.

En Sudáfrica, Botswana y Namibia se practica una gestión de los recursos de la fauna de una calidad comparable a los de los países más desarrollados y, como señaló el ministro de Medio Ambiente de Namibia, defendiendo la decisión oficial de subastar la caza de algunos ejemplares de rinoceronte negro, el dinero que se recibirá servirá, precisamente, para mantener la especie, que está en peligro de extinción, y muchos otros animales en el mismo hábitat. La cuota anual de cinco animales se ha calculado cuidadosamente y no pondría en peligro la población de rinocerontes negros en el país, que llega a 1.800 ejemplares.

La caza deportiva es una actividad muy rentable para muchos propietarios de tierras, con baja vocación para la agricultura o la ganadería y, de paso, le permite mantener grandes áreas naturales, con toda su flora y fauna nativa. En estas fincas se extraen cuidadosamente algunos ejemplares cada año por los cazadores en busca de trofeos y que pagan cientos de veces más que el valor del animal en cuanto a la carne, el cuero o piel, sin tener en cuenta el costo de los servicios de apoyo a los safaris. Esto permite crear corredores biológicos entre las áreas de conservación en las cuales está prohibida la caza. De no permitirse este uso de la tierra todo sería deforestado o dedicado a la ganadería. Toda esta actividad es, por supuesto, regulada y controlada por los servicios especializados del Estado.

La caza deportiva también puede ser un gran negocio para los campesinos o comunidades indígenas. Ya se mencionó el caso de la vicuña en Perú, pero aún más impresionante es el caso de una especie rara de carnero de montaña en Baja California, México, donde la caza está permitida bajo control estricto. Las comunidades locales, con el apoyo de los grupos conservacionistas, proporcionan a los cazadores aficionados sólo un ejemplar de esta especie por año al exorbitante precio de un millón de dólares. Con este dinero, la comunidad se beneficia de las mejoras de infraestructura y más allá de restaurar el ecosistema degradado y permitir la recuperación de la población de carneros (borrego cimarrón) y otras especies de la región en sí.

Obviamente, también hay gestión de la vida silvestre y la caza deportiva en terrenos públicos, tales como los de EE UU y Canadá, o de Rusia. La venta de permisos de caza se realiza sobre la base de las cuotas establecidas en los censos anuales de población. No existen riesgos para las poblaciones de las especies cazadas y, por otra parte, tanto los expertos de las universidades como las organizaciones no gubernamentales están siguiendo estrictamente las decisiones de la administración. La práctica de la caza deportiva controlada lleva más de un siglo en EE UU y no hay poblaciones en declive. Lo que puso al bisonte americano en peligro de extinción fue la caza comercial y lo que casi extingue a los lobos fue la caza sanitaria. Hoy ambas especies se han recuperado.

En Perú, por ejemplo, una de las áreas protegidas mejor conservadas es el Coto de Caza El Angolo, ubicado en los bosques secos del noroeste. La administración de esta área fue otorgada a un club de caza deportiva, el cual está obligado a seguir las instrucciones proporcionadas por los profesores de una universidad de prestigio y está supervisada por la autoridad nacional de áreas protegidas. El dinero recaudado permite la protección de toda la zona y, al mismo tiempo, la protección de numerosas otras especies de fauna, entre ellas muchas especies raras o en peligro de extinción, cuya extracción no está permitida. El mantenimiento de una población viable de los venados está así garantizada.

En conclusión

Los animales salvajes, libres, que son cazados con un tiro certero por cazadores deportivos o por pobladores indígenas o mestizos tienen una vida y una oportunidad mejor que los millones de vacas, cerdos y pollos criados masivamente en confinamiento, sólo para morir de un modo tanto o más cruel. De todos modos, por las reglas de la naturaleza, el destino de cada animal salvaje es servir de comida a otros.

El hecho importante a considerar es que la caza correctamente planeada y ejecutada, en particular la deportiva, nos guste o no en términos personales, es una gran oportunidad para la conservación de la naturaleza, tanto como es el caso de la gestión forestal sostenible. Y, del mismo modo, ambas actividades pueden complementar y financiar la conservación de la naturaleza en las unidades de conservación de protección integral.

 Y, por último, la gestión de la fauna sigue siendo una alternativa económica y una fuente de empleo para gran parte de la población rural más pobre que habita en extensas regiones con limitaciones para otras actividades.



Marc Dourojeanni es ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, Doctor en Ciencias y Profesor Emérito de la Universidad Nacional Agraria de Lima, Perú y fue fundador y presidente de Pronaturaleza.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Revisando temas actuales importantes de la Amazonía peruana
Grandes proyectos en la Amazonía y las prioridades de PPK

 Marc Dourojeanni


Actualidad Ambiental, SPDA, Lima Lunes 17 de Octubre, 2016 http://www.actualidadambiental.pe/?p=41201



Deforestación y minería ilegal, entre otros, son temas de enorme trascendencia para el futuro amazónico pero, lamentablemente, son crónicos; es decir, estamos tan acostumbrados a ellos como a la inseguridad ciudadana o a la probabilidad de sismos. Pero en este comienzo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hay otros temas, heredados o recientemente reformulados, que también son preocupantes, tanto por sus implicaciones económicas y sociales como ambientales. Los principales son: (i) la propuesta de una carretera a Iquitos, (ii) la línea de trasmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos y, (iii) el “desarrollo sostenible” de la provincia de Purús.

Anuncios del Gobierno actual parecen apartar por un tiempo otros dos temas igualmente serios: (i) las grandes centrales hidroeléctricas de la Amazonía (Inambari, Pakitzapango y otras) y, (ii) la ferrovía interoceánica “China”.  Además, hay otros temas tan significativos como esos que siguen en el limbo, en especial la propuesta Carretera Interoceánica Central. En esta nota se pretende pasar revista a esos asuntos y recordar algunos de sus aspectos resaltantes.

Carretera a Iquitos

La propuesta peruana incluida en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) era unir Iquitos con el resto del Perú mediante la navegación por los ríos Marañón y Amazonas, a partir de Saramiriza y/o de Yurimaguas. Eso sería parte de un sistema bimodal que en su parte fluvial implicaba construir una hidrovía que continuaría hasta el Atlántico. Pero, esa opción nunca tuvo la simpatía del Gobierno Regional y por eso avanza muy lentamente. Más bien, durante largo tiempo, se planteó construir una carretera entre Yurimaguas e Iquitos que pasaría en medio del Abanico del Pastaza, es decir, atravesando un enorme aguajal, a un costo monumental y sin mayor posibilidad de aprovechar la tierra. Esta misma propuesta, a iniciativa del Gobierno Regional anterior, fue sustituida por la de una ferrovía que también atravesaría el aguajal. Reconociendo que el costo sería muy elevado, en una segunda instancia, esa línea férrea fue replanteada un poco al norte del pantano. Ahora, ese proyecto ferroviario regional -que no era el interoceánico- también fue abandonado después de malgastar una fortuna en estudios y propaganda.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para resolver el aislamiento de Iquitos, también consideró aprovechar el proyecto de la llamada LO 100 entre Saramiriza e Intuto (área petrolera), construyendo a partir de ese lugar, la LO 104, que empalmaría con la LO 103, que ya existe entre Nauta e Iquitos. Este proyecto, que evita pasar por el pantano, es el que aparentemente ha sido adoptado por el Gobierno actual y que según anuncio presidencial, será construido en los próximos años.

Esta proposición, como es natural, ha despertado enormes preocupaciones pues puede anticiparse que, con ella, la destrucción y desperdicio de grande parte del patrimonio natural de Loreto será tan inevitable como irremediable. Más aún porque los suelos por los que atravesará son particularmente pobres. Los gobiernos nacional y regional podrán prometer que evitarán ocasionar daños ambientales y hasta se puede suponer que tratarán seriamente de reducirlos…  Pero nada podrá impedir lo peor. Eso jamás se ha logrado en ningún bosque tropical de ningún continente. De eso existen evidencias tan abrumadoras como indiscutibles.

¿Pero es posible continuar dejando Iquitos aislado -por vía terrestre- del Perú? La respuesta es, simplemente, no. Ya que existe tanto en los gobernantes como en el pueblo un soterrado  e irracional rechazo al trasporte por hidrovía, que es la solución económica y ecológica más razonable, esa carretera es la única otra alternativa más o menos sensata que resta. El trazado que parece haber sido adoptado, aunque merece ser corregido pues lindera o atraviesa innecesariamente cuatro áreas protegidas, es el menos perjudicial posible. El autor de esa nota ya había reconocido este desfecho como “casi inevitable” habida cuenta del contexto sociopolítico nacional y regional en un estudio de 2013 sobre Loreto[i].

Esa es una obra que va a poner en jaque la reputación nacional y sus acuerdos internacionales sobre cambio climático. Sin embargo, lo peor es que esa no es la única carretera prevista en Loreto. Hay decenas más, largas y cortas, fruto de iniciativas regionales, municipales y de intereses privados, que sumadas, van a contribuir a que Loreto pierda la oportunidad de una verdadera prosperidad antes de comenzar a entender que eso es posible sin eliminar sus bosques.

Línea de trasmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos

No se sabe bien de dónde surgió la idea de construir una línea de trasmisión eléctrica entre Moyobamba e Iquitos para interconectar Iquitos a la red nacional y abastecerlo con energía “más limpia” y barata que la actual, generada por una vieja planta térmica. Hasta ese punto todo parece bien. Sin embargo, lo curioso es que se está terminando de construir en Iquitos una costosa, moderna y eficiente planta térmica que va a suplir en exceso la demanda local en base al petróleo generado en el mismo departamento y cuyo abastecimiento, además, será facilitado por la antes mencionada carretera.

Ante ese argumento, los gestores del proyecto replican que cuando la línea de trasmisión opere, la planta térmica será trasformada en reserva fría; es decir, quedará parada, sin uso. No se entiende esta estrategia del Gobierno Nacional pues, lo más lógico, parece ser que esa nueva central abastezca a Iquitos en base a su propia producción de petróleo. Eso evitaría la necesidad de que se construya esa enorme línea de trasmisión. Las subvenciones a los consumidores locales -que son modestas- serán aún menores por cliente, ya que la nueva central será mucho más eficiente que la central actual.

El problema más grave es que la tal línea de trasmisión, cuya utilidad por lo visto no es evidente y que debe costar entre 500 y probablemente más de 800 millones de dólares, atravesará precisamente el antes mencionado Abanico del Pastaza, que motivó que tanto el proyecto de carretera como el previo de tren sean rediseñados en otro lugar. Eso implica que el costo del proyecto será mucho mayor que lo necesario, que en su recorrido no atenderá a nadie y, que el riesgo ambiental que puede ocasionar sea de proporciones catastróficas. En efecto, las líneas de trasmisión implican obras que equivalen a las de una trocha carrozable que no dejará de ser invadida por agricultores y madereros. El pantano está asentado sobre la mayor turbera del continente y su mal uso puede provocar un incendio subterráneo de proporciones colosales, como ya ha ocurrido en Indonesia y en otros lugares. Eso, sin mencionar la deforestación, el impacto sobre el cambio climático y sobre la diversidad biológica.

Por si fuera poco, además de su costo, la ingeniería financiera de ese proyecto implica duraderos perjuicios al erario y a la sociedad. Es decir que ese proyecto, además de no tener ninguna justificación económica en la actualidad, es una calamidad económica y ambiental en perspectiva[ii].

El desarrollo sostenible de la Provincia del Purús

Como los anteriores, este tema no es nuevo[iii]. Construir una carretera entre Iñapari, en Madre de Dios y Puerto Esperanza, en Ucayali ya fue propuesto y hasta figura -no se sabe por qué- en el mapa vial de ambos departamentos. Cuando presentado recibió una justificada avalancha de críticas y de oposición, tanto por su falta de lógica económica como por sus implicaciones sociales y ambientales. Ahora renace de las cenizas, con ropa nueva, otra vez impulsado desde el Congreso Nacional[iv].

Entre los numerosos problemas que presenta esa propuesta de carretera están su enorme kilometraje, alto costo, falta de viabilidad económica y, su inconmensurable impacto ambiental a lo que se suma el “pequeño detalle” de ser ilegal. En efecto, afectaría un parque nacional y otras áreas declaradas intangibles por contener una importante población indígena no contactada. En las discusiones previas quedó evidente que el interés detrás de la propuesta era acceder a bosques naturales que aún tienen madera valiosa. Pero la propuesta, antes como ahora, es presentada como la única solución para una población peruana aislada y, sometida a las tentaciones que ofrece el país vecino.

No hay duda que es deber del Estado resolver el injusto aislamiento de esa pequeña población de peruanos. Pero Puerto Esperanza, con unos pocos miles de habitantes dispersos en toda la provincia, no es Iquitos. Esa injusticia no se corrige construyendo una carretera costosa, sin ninguna justificación económica  y muy destructiva. Se corrige estableciendo un servicio de aviación cívica subvencionada para los habitantes locales recuperando el costo de su operación de los visitantes o turistas, que deberían ser acogidos en esa pequeña ciudad amazónica, puerta de uno de los potencialmente más importantes parques nacionales del continente. Pero esa solución demanda un poco de planeamiento y algunas inversiones, ínfimas si comparadas con los costos directos e indirectos de la carretera.

La nueva propuesta que sale del Congreso para promover la carretera contiene todas las palabras mágicas habituales, esas que comienzan con “sostenible”, continúan con “biodiversidad” y siguen con “derechos de las comunidades indígenas” e “intangibilidad de los parques nacionales”. Pero, es evidente que lo único que interesa, en el fondo, es la madera y la tierra a lo largo de la carretera. Es por eso que el congresista que la promueve no exige la instalación de un servicio cívico de aviación para todas las poblaciones aisladas de la Amazonia -Puerto Esperanza no es la única- y que tampoco demanda se hagan las inversiones para el desarrollo turístico del Purús.

Lo que no se haría o se haría después

La información de que el gobierno Kuczynski no considera impulsar las hidroeléctricas propuestas por el Brasil en la Amazonía peruana[v] es tranquilizadora. Por lo menos eso da un respiro y permite esperar el momento en que, como en el caso de la del Inambari, estas obras vengan a ser necesarias para el propio desarrollo del Perú y no, como era en la propuesta original, únicamente para beneficiar a otros. Felizmente eso fue descartado en el gobierno anterior. Pero, todo es posible y se desconoce el alcance completo de la declaración ministerial. Lo cierto es que hay al mismo tiempo mucha información deleznable y muy poca información confiable. Eso es la consecuencia lógica de todas las incertezas que se derivan de la falta de un verdadero plan de desarrollo nacional y del exceso de planes sectoriales y regionales, todos inconexos. Por ejemplo, no se sabe en que quedó el anuncio de la próxima construcción de una represa de grandes proporciones  en el río Mazán, también en Loreto. El gobierno debería ser más explícito en sus declaraciones.

Ya la noticia del abandono de la idea de la ferrovía interoceánica “china”, prevista para entrar al Perú por Pucallpa y llegar a Bayóvar recorriendo el valle del Huallaga genera reflexiones mixtas y levanta una alarma[vi]. En efecto, aunque quizá justificado por razones económicas, el no hacer esa ferrovía puede relanzar la idea original de construir entre Cruzeiro do Sul (Brasil) y Pucallpa la Carretera Interoceánica Central que, como ya fue demostrado no tiene rentabilidad económica[vii] y que es un desastre ambiental y social anunciado. En ese contexto, la ferrovía se presentaba como un mal menor.

En conclusión

Cada uno de los temas mencionados amerita un mayor detalle. Como dicho todos ellos ya fueron discutidos por muchos autores y también por el que escribe, pero las circunstancias cambian rápidamente y no se les debe olvidar.

Los temas se refieren a la Amazonía y no única ni centralmente a asuntos ambientales amazónicos. La mayor parte de los casos discutidos son esencialmente críticas al mal uso de recursos públicos a los que se suman implicaciones ambientales que adicionan costos innecesarios y desperdicio de recursos que podrían servir para un desarrollo duradero.

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[i] Ver: Dourojeanni, Marc 2013  Loreto Sostenible al 2021  DAR, Lima 354p.
[ii] Ver: Serra, José  2016  Un análisis económico del proyecto de construcción de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos en 220 kv  Lima,  53p.  https://www.academia.edu/  file:///C:/Users/n%20n/Documents/DAR%202016/ Perú%20Tecnico/Mineria%20Energia/ Análisis%20Económico%20de%20la%20Línea%20de%20Transmisión%20 Moyobamba-Iquitos-8-VF.pdf ;  Serra, José  2016a  Análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos  Lima 78p.  (https://www.academia.edu/  file:///C:/Users/n%20n/Downloads/ANALISIS_DEL_ESTUDIO_DE_IMPACTO_AMBIENTA. pdf ) y; Dourojeanni, Marc  2016 Línea de Trasmisión Moyobamba – Iquitos: ¿Para qué, cómo? Actualidad Ambiental, SPDA, Lima (http://www.actualidadambiental.pe/?p=35314)
[iii] Ver: Dourojeanni, Marc  2012  El caso de la carretera Iñapari-Puerto Esperanza  Actualidad Ambiental, SPDA, Lima (http://www.actualidadambiental.pe/?p=15668)
[iv] Ver Proyecto de Ley  75-2016 CR (file:///C:/Users/n%20n/Documents/DAR%202016/Perú%20Tecnico/ Transporte/Conectividad%20Vial%20Purus.pdf)
[v] Ver: Dourojeanni, Marc  2011  Hidroeléctricas en la Amazonia  Actualidad Ambiental , SPDA, Lima(http://www.actualidadambiental.pe/?p=12775)
[vi] Ver: Dourojeanni, Marc 2015  El ferrocarril interoceánico chino y nuestra desordenada visión de desarrolloActualidad Ambiental, SPDA, Lima (http://www.actualidadambiental.pe/?p=30447)
[vii] Ver: Hopkins, Alvaro et al  2015 Análisis económico y socioambiental de los proyectos de interconexión Pucallpa-Cruzeiro do Sul  CSF, Lima 83p. (http://conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/CSF_Pucallpa__series_technical_mar2015_web.pdf)